Ciudad De México, 25 de junio de 2026.- La Fundación Manuel Rozada Cuéllar denunció presuntas irregularidades en la administración y sucesión del patrimonio que su fundador destinó al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono. A más de una década del fallecimiento de Manuel Rozada Cuéllar, los bienes heredados a la asociación civil no han sido entregados, mientras continúan abiertos procedimientos civiles, corporativos y penales que, según sus representantes, permanecen sin resolverse.
El caso involucra presuntos actos de abuso de confianza y falsificación de documentos relacionados con inmuebles. María de Lourdes Rozada Morales, sobrina del fundador y representante de la asociación, afirmó que Enrique Burgos Ordóñez, quien fue nombrado albacea de la sucesión por el propio Manuel Rozada Cuéllar, “abusó de la confianza” de su tío y la suya. Morales acusó que el patrimonio ha sido dilapidado y que Burgos “se ha dedicado a obstaculizar y a dilapidar lo que mi tío dejó y a quedarse con estos recursos”.
Manuel Rozada Cuéllar, quien se dedicó a rescatar animales desde 1985, creó la asociación civil antes de fallecer con el objetivo de que su patrimonio se destinara permanentemente al rescate, atención y protección de perros y gatos abandonados, designando a la organización como heredera de sus bienes. “Mi tío Manuel Rozada creó esta asociación civil antes de fallecer para dejar protegidos a todos sus animales, que son casi dos mil perros y gatos que han sido maltratados y abandonados y que él toda la vida, desde 1985, se dedicó a rescatarlos; esa fue su misión de vida”, declaró Morales.
El objetivo del testamento era asegurar recursos suficientes para mantener una operación que implica alimentar diariamente a miles de animales, proporcionar atención veterinaria permanente, medicamentos, limpieza y todos los insumos necesarios. Sin embargo, los recursos destinados al rescate animal no han llegado a la asociación. Según la denuncia, en 2020 el entonces administrador dejó de proporcionar alimento a los animales, por lo que la organización, que opera dos albergues en el Estado de México, ha continuado operando gracias al apoyo de ciudadanos y donantes.
Se reportan retrasos en la judicialización de diversas denuncias presentadas desde 2021. Miguel Alessio Robles, abogado y notario 19 de la Ciudad de México, figura en los registros relacionados con el caso. Frente a la situación, María de Lourdes Rozada Morales enfatizó: “Lo que hemos estado pidiendo desde hace muchos años es que se haga cumplir la ley; no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se respete la voluntad de mi tío y se actúe conforme a derecho”.
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