Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el llamado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa negociada con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras el rechazo a la propuesta original. El nuevo proyecto, impulsado desde la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Icela Rodríguez, incluye cambios a los presupuestos de los congresos estatales y a las regidurías, con el objetivo declarado de reducir privilegios y generar ahorros por cuatro mil millones de pesos.
La propuesta llega a la Cámara alta luego de que el pasado 11 de marzo los partidos PT y PVEM, socios de Morena en la coalición gobernante, rechazaran la reforma electoral integral presentada inicialmente. Ante este bloqueo, el gobierno federal inició una serie de reuniones de negociación en la Secretaría de Gobernación para destrabar la agenda de austeridad republicana, logrando un acuerdo sobre dos puntos específicos.
Uno de los ejes centrales de la nueva iniciativa es establecer un tope al presupuesto de los congresos locales, limitándolo al 0.7 por ciento del presupuesto total de cada entidad federativa. Actualmente, el gasto conjunto de estas legislaturas asciende a 18 mil 429 millones 929 mil pesos, por lo que la implementación de este límite proyecta un ahorro cercano a los cuatro mil millones de pesos anuales para las arcas públicas estatales.
El otro componente acordado con los aliados son modificaciones a las regidurías, aunque los detalles específicos de estos cambios, así como el texto completo de la iniciativa y el número exacto de artículos constitucionales a modificar, no han sido divulgados públicamente. La presidenta Sheinbaum ha afirmado que esta versión mantiene la esencia de reducir privilegios, aunque contrasta con la propuesta original que era más amplia.
Desde el PVEM, el senador Manuel Velasco respaldó el envío de la iniciativa, marcando una reconciliación dentro de la coalición luego del tenso episodio de rechazo inicial. La postura oficial del PT sobre el acuerdo final aún no se ha detallado. Con este movimiento, el gobierno busca reactivar su agenda de ajustes al sistema político-electoral, aunque de manera más focalizada que en su planteamiento original.
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