Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Un juez vinculó a proceso a dos expolicías municipales de Tijuana, Juan ‘N’ y Abel ‘N’, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio agravado en contra de Carlos Dámaso López, quien falleció en mayo de 2022 tras ser detenido en un establecimiento de Playas de Tijuana. En un hecho separado, pero que refleja la demanda ciudadana por servicios públicos básicos, habitantes de la colonia Santa Fe, también en Tijuana, recolectan firmas para exigir la construcción de un hospital, luego de que un menor perdiera la vida por falta de atención médica oportuna.
Los hechos por los que fueron vinculados los expolicías ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando, según la investigación, detuvieron a Carlos Dámaso López en un local con servicio de internet y máquinas tragamonedas ubicado sobre el bulevar Pacífico y calle del Granizo. La víctima falleció semanas después, el 18 de mayo, a consecuencia de las lesiones sufridas durante su detención. El juez decretó la prisión preventiva oficiosa para ambos imputados, quienes enfrentan cargos por tortura y homicidio agravado.
Este caso se suma a otro reciente de violencia policial en la ciudad. En un procedimiento judicial separado, otro expolicía municipal, identificado como Billy ‘N’, fue sentenciado a 25 años y 3 meses de prisión por el homicidio de una mujer de 68 años, a quien disparó en repetidas ocasiones durante una confusa intervención.
Mientras estos procesos judiciales avanzan, en otra zona de Tijuana, la colonia Santa Fe, la comunidad se organiza para exigir al gobierno la construcción de un hospital. Vecinos como Guadalupe y Silvia González denuncian la falta de servicios de salud y relatan casos trágicos, como la muerte de un menor que no pudo ser atendido a tiempo. “Estamos recolectando firmas para que nos escuchen, necesitamos un hospital aquí, es una necesidad urgente”, señaló una de las vecinas.
La diputada federal Evangelina Moreno se ha pronunciado a favor de la demanda ciudadana, aunque hasta el momento no se ha dado una respuesta concreta de las autoridades estatales o federales sobre la viabilidad del proyecto hospitalario. La exigencia de los habitantes de Santa Fe contrasta con el contexto de gasto público en otros rubros, como el presupuesto legislativo que asigna 300 mil pesos por diputado para gastos de representación en comisiones.
Los casos simultáneos en Tijuana —la violencia atribuida a elementos de seguridad pública y la demanda social por infraestructura de salud— ponen en evidencia dos de las principales carencias y conflictos que enfrentan los habitantes de la frontera: la impunidad en abusos de autoridad y la falta de acceso a servicios públicos esenciales, situaciones que han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones.
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