Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tras una audiencia celebrada entre el 23 y 24 de marzo en la que se determinó su responsabilidad penal por el contrato firmado con la empresa Next Energy. La decisión judicial responde a una investigación por presunto abuso de autoridad relacionada con un acuerdo por 4,500 millones de pesos a 30 años para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que nunca se materializó.
La audiencia, que inició a las 09:23 horas bajo la supervisión del juez de control Gerardo Anguiano Ceja, contó con la participación de los defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez, quienes representaron a Bonilla. La Fiscalía General del Estado del gobierno de Baja California, encabezado actualmente por Marina del Pilar Ávila, fue la parte acusadora en este procedimiento que deriva de un contrato que contemplaba pagos mensuales de alrededor de 123 millones de pesos.
Durante el proceso, la defensa argumentó que los pagos a la empresa Next Energy se realizaron después de que Bonilla dejara la administración en octubre de 2021, específicamente entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, con el objetivo de contradecir la acusación de abuso de autoridad durante su mandato. Asimismo, los abogados sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trataba de un contrato plurianual para adquisición de servicio y no de una adquisición de crédito fiscal.
El caso ha cobrado relevancia política al señalar a Bonilla como el primer exgobernador surgido de Morena acusado abiertamente de corrupción, en un contexto de conflicto entre el ahora dirigente del PT y la actual gobernadora morenista. El contrato tenía como finalidad dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, pero la planta no fue construida, lo que motivó la apertura de la investigación con un plazo de seis meses para recabar elementos.
Con la vinculación a proceso, el exmandatario enfrenta las siguientes etapas del procedimiento penal mientras se esclarecen los detalles sobre la ejecución de los recursos públicos. La resolución judicial marca un precedente en la entidad fronteriza respecto a la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel tras concluir su gestión.
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