La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI) de la entidad, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal detectó un esquema financiero que involucra transferencias bancarias por más de 54 millones de pesos provenientes de cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, entre transferencias y pagos electrónicos, presuntamente realizadas por integrantes de una red de corrupción. La investigación señala que el origen de estos fondos proviene de cuentas bancarias del INVI, sumando un monto específico de 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo particular, la fiscalía imputa a Villarreal González la disposición de 762,000 pesos para uso personal. Además, fuentes periodísticas indican que la exfuncionaria fue señalada como operadora de Adán Augusto López Hernández. Junto a ella, también fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto, bajo los mismos cargos de operaciones con recursos ilícitos.
Este caso se suma a las acciones legales previas contra otros funcionarios del organismo. Actualmente se encuentra detenido Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por el delito de peculado. También han sido detenidos Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario.
Por otra parte, reportes del Semanario ZETA señalan que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI a partir del 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco y autorizó transferencias mientras la cuenta se vaciaba. Sin embargo, existe una discrepancia respecto a la tipificación del delito: una fuente de la Contraloría Estatal mencionó que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el cargo actual por operaciones con recursos ilícitos podría ser desechado.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la red de corrupción y el destino final de los recursos desviados. Mientras tanto, los implicados enfrentan el proceso judicial correspondiente ante la justicia de Baja California Sur.
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