Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La Administración de Donald Trump enfrenta cuestionamientos por su agresiva práctica de deportar migrantes a terceros países, una estrategia que ha incluido el envío de haitianos a México y personas a naciones como Sudán del Sur o Esuatini, con un costo promedio de 130,000 dólares por individuo. Simultáneamente, obras del muro fronterizo han provocado daños a un monolito sagrado en el cerro Cuchumá, mientras que en Washington se reforzó la seguridad tras reportes de disparos cerca de la residencia presidencial.
Jean, un haitiano de 33 años deportado desde Estados Unidos a finales de octubre de 2025, fue trasladado por autoridades migratorias mexicanas en un autobús desde la frontera norte hasta Villahermosa, capital de Tabasco. Sobre su situación, el migrante declaró: “Solo están mandando a la gente aquí. No están ayudando en nada. Y luego, cuando intentas hacer algo por ti mismo, es un problema. No sé cómo explicarlo, pero es una locura”.
Según un informe del Congreso, el gobierno republicano ha gastado más de 40 millones de dólares para enviar a unos cuantos cientos de migrantes a países terceros, siendo México el destino más común. El juez federal William G. Young de Massachusetts señaló que, conforme al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un “acuerdo no escrito”, en el último año Estados Unidos deportó a 6,000 cubanos a México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró en diciembre que el país había recibido a 11,886 extranjeros hasta ese momento.
Este flujo de deportaciones ocurre bajo lo que se describe como un “acuerdo no escrito”, a diferencia de la Administración de Joe Biden, cuando se llegó a un pacto para recibir 30,000 personas al mes que eran retornadas de inmediato tras cruzar ilegalmente. Mientras tanto, la administración Trump busca negar el derecho a la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados; varios tribunales federales desecharon una orden ejecutiva sobre el tema por considerarla inconstitucional, pero Trump apeló al máximo tribunal, el cual dio entrada a la solicitud e inició audiencias el pasado martes.
En el ámbito de la seguridad nacional, el Servicio Secreto de Estados Unidos implementó un estricto protocolo y reforzó la vigilancia alrededor de la Casa Blanca tras un incidente con armas de fuego ocurrido el domingo, durante las festividades de Pascua. Aunque el tiroteo no sucedió dentro de los terrenos presidenciales, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva tras recibir reportes de detonaciones en una zona cercana. El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia durante el evento.
Agentes del Servicio Secreto bloquearon el acceso a calles aledañas, establecieron un perímetro ampliado y desplegaron unidades tácticas. La seguridad en la Avenida Pennsylvania y el parque Lafayette permanece reforzada con vallas adicionales, lo que ha generado restricciones de movimiento para residentes y turistas en Washington. El personal de inteligencia analiza grabaciones de cámaras de seguridad y coordina con el Departamento de Policía Metropolitana, manteniendo hermetismo sobre posibles detenciones o la procedencia exacta de los disparos.
Por otro lado, este fin de semana se registraron detonaciones en el cerro Cuchumá como parte de las obras para la construcción del muro fronterizo. Los explosivos, utilizados por personal estadounidense, habrían dañado un monolito de 35 metros de altura, tallado y considerado sagrado por pueblos indígenas. El cerro Cuchumá es una zona arqueológica y sitio ceremonial yumano que quedó partido en dos por la frontera durante el siglo XIX.
El sitio fue reconocido oficialmente en octubre de 1992 como Sitio histórico y sagrado dentro del Registro Nacional de Sitios Históricos (NRHP) de Estados Unidos y es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial en México. Las denuncias señalan que las explosiones han afectado este espacio de valor cultural para las comunidades originarias.
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