Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La discusión en el Senado de la República sobre el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue suspendida este lunes a las 18:00 horas debido a discrepancias técnicas y políticas respecto al límite de regidores en los ayuntamientos. La reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales se interrumpió ante la falta de consenso para conciliar el principio de austeridad con los marcos legales de diversos estados.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal busca modificar cuatro artículos constitucionales, entre los que destaca la imposición de un límite máximo de 15 regidores por municipio. Sin embargo, legisladores de la oposición y miembros de la Junta de Coordinación Política han señalado que esta medida podría tener el efecto contrario en entidades como Veracruz y Tabasco, donde los umbrales actuales oscilan entre tres y cinco regidores y síndicos, lo que implicaría un aumento de cargos en lugar de una reducción.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, cuestionó la aplicación uniforme del límite de 15 ediles, argumentando que contradice el espíritu de austeridad que promueve la reforma al forzar un incremento de representantes en estados con estructuras municipales más pequeñas. Esta postura técnica ha detenido el avance del dictamen, obligando a los secretarios técnicos de las comisiones a buscar una redacción que respete las particularidades locales sin violar la norma general.
Más allá de los aspectos técnicos, la controversia política se ha intensificado. Miguel Ángel Riquelme Solís, senador por el PRI, acusó que el fin real de la reforma es favorecer al partido en el poder, Morena, de cara a las elecciones de 2027. En contraste, la presidenta Sheinbaum ha defendido la iniciativa asegurando que la modificación no busca hacer campaña para su fuerza política y que tal práctica está prohibida, aunque las discrepancias sobre los motivos de fondo persisten en el recinto legislativo.
El ‘Plan B’ electoral también contempla otros cambios significativos, como la modificación del momento para realizar la revocación de mandato, moviéndola al tercer año de gobierno, así como la disminución de presupuestos a los congresos locales y al Senado. La oposición ha calificado estas medidas como un intento de concentración de poder y un debilitamiento institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque el debate actual se centra principalmente en la configuración de los cabildos.
Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha y hora para la reanudación de los trabajos de las Comisiones Unidas. Los legisladores requieren realizar revisiones técnicas adicionales para resolver el nudo crítico sobre el número de regidores y definir los transitorios que permitan armonizar la ley federal con las constituciones estatales, mientras la tensión política entre el bloque oficialista y la oposición se mantiene latente en el Senado.
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