Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el magnicidio como un asunto de Estado que no puede cerrarse mediante un perdón presidencial, en momentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, por su presunta participación como un segundo tirador.
La postura de la jefa del Ejecutivo contrasta con la del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, quien ha solicitado formalmente el indulto para Aburto Martínez. Según reportes, el legislador argumenta que la presidenta posee la facultad legal para conceder el beneficio, pero carece de la voluntad política para hacerlo, manteniendo con ello abierto un proceso que cumple más de tres décadas.
En medio de la discrepancia, la FGR enfrenta un estancamiento procesal en la causa contra Sánchez Ortega. La apelación presentada en su defensa lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025, lo que ha generado cuestionamientos sobre la celeridad y transparencia del actual proceso judicial. La investigación permanece abierta bajo la teoría de la existencia de un segundo ejecutor en el atentado.
Luis Donaldo Colosio Riojas ha señalado que la teoría del segundo tirador no constituye un hallazgo reciente, afirmando que dicha persona ya había sido identificada hace 30 años. Esta declaración pone en tensión la narrativa oficial que presenta la investigación actual como un avance basado en nuevas pruebas, sugiriendo que el caso podría estar sujeto a interpretaciones políticas más que a descubrimientos forenses inéditos.
El conflicto de versiones ocurre a 32 años exactos del crimen que marcó la historia política de México. Mientras la administración federal insiste en la necesidad de esclarecer la totalidad de los hechos antes de cualquier clemencia, los familiares de la víctima buscan poner fin a la incertidumbre jurídica mediante la liberación del único condenado firme hasta la fecha.
About The Author
