Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el envío al Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que busca reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores en los ayuntamientos, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La propuesta, que será presentada formalmente este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo de una reforma más amplia la semana pasada y cuenta con el apoyo de los partidos aliados Morena, PT y PVEM.
Sheinbaum explicó que la iniciativa se enfoca en lograr ahorros significativos en el gasto legislativo a nivel subnacional. “El objetivo es reorientar presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional. Según estimaciones citadas en análisis editoriales, el ahorro aproximado podría alcanzar los 4,000 millones de pesos.
La propuesta representa un repliegue táctico del gobierno federal después de que el llamado ‘Plan A’ fuera rechazado en la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo, incluso con el voto en contra de sus aliados PT y PVEM. Aquella iniciativa más ambiciosa contemplaba, entre otros puntos, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Analistas sugieren que los partidos aliados rechazaron el plan original por temor a la formación de un partido hegemónico y a poner en riesgo sus propios registros.
El nuevo acuerdo con PT y PVEM permitió concretar esta propuesta más acotada, que deja de lado, por el momento, cambios controversiales a nivel federal como una reducción drástica del financiamiento a los partidos políticos o modificaciones profundas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sheinbaum, no obstante, aclaró que su gobierno seguirá insistiendo en reducir los privilegios de los partidos políticos en futuras discusiones.
Críticos de la iniciativa, como se refleja en algunos análisis, argumentan que el Plan B representa una ‘carga de austeridad’ para estados y municipios que vulnera el federalismo, al tiempo que ‘salva’ a las instituciones electorales federales de recortes. La propuesta detalla ejemplos del alto costo por legislador, citando casos como Baja California, donde cada diputado local tiene un costo de 34.8 millones de pesos, o Colima, con 5.1 millones de pesos.
El mecanismo legal preciso para etiquetar los recursos ahorrados hacia la obra pública, así como el número específico de regidores y legisladores locales que se propone reducir, aún no han sido dados a conocer de manera detallada. Tampoco se ha especificado la postura oficial de los partidos de oposición frente a esta nueva propuesta, cuya aprobación requerirá de mayorías específicas en el Congreso de la Unión y posiblemente el aval de los congresos locales.
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