Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores se prepara para discutir y votar la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ en materia electoral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha generado divisiones entre los partidos políticos. Según reportes de medios, la fuerza política mayoritaria, Morena, tiene previsto someter el dictamen a votación en el pleno el próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de concluir el proceso legislativo antes del inicio de la Semana Santa, aunque esta fecha no ha sido confirmada oficialmente por la presidencia del Senado.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que existe la intención de votar la reforma constitucional en la fecha mencionada. Para lograr la aprobación, el partido gobernante cuenta con el respaldo general de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque voceros de estas fuerzas han expresado reservas internas sobre ciertos aspectos de la iniciativa, particularmente en lo referente a los mecanismos de revocación de mandato.
La oposición ha manifestado un rechazo contundente hacia la propuesta. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la iniciativa como un intento de autoritarismo, etiquetándola como el ‘Plan Maduro’ y equiparándola con un golpe de Estado. Estas críticas se centran en la percepción de que la reforma busca debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y establecer condiciones para una campaña permanente del Ejecutivo federal.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es su impacto en la estructura municipal. De acuerdo con las cifras manejadas en la discusión, la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su representación. El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que esta medida generará un mayor gasto público en lugar de un ahorro, argumentando que obligar a los municipios a ampliar sus cabildos incrementará la carga financiera para las localidades.
El caso de Yucatán ilustra la magnitud del cambio propuesto: se estima que el 74% de los municipios en dicha entidad tendrían que ampliar su cabildo, lo que resultaría en la creación de 221 regidurías adicionales. Este dato ha sido utilizado por los detractores de la reforma para sostener que el ‘Plan B’ contradice los discursos de austeridad republicana promovidos por la actual administración federal.
Además del debate sobre los cabildos, analistas y columnistas han señalado inconsistencias constitucionales en la propuesta. En particular, se ha argumentado que la inclusión de la revocación de mandato en este paquete legislativo es improcedente, dado que la Constitución exige como requisito la existencia de una ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta, condición que, según los críticos, no se ha dado en el actual contexto político. La falta de confirmación oficial sobre la fecha exacta de la votación mantiene la incertidumbre en el recinto legislativo, mientras se ultiman los detalles para la presentación del dictamen final.
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