Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a la Ley Minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, descartando la posibilidad de otorgar concesiones a particulares. La resolución, emitida este martes por unanimidad del pleno, responde a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición.
En la sesión, la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra presentó el proyecto que avala los artículos 1, 5 bis y 10 de la normativa minera. Con esta determinación, el máximo tribunal confirma la validez de las disposiciones que declaran zonas de reserva minera los yacimientos de este metal y prevén la creación de un organismo público descentralizado para su gestión.
Los ministros determinaron que la impugnación presentada por los legisladores era infundada, al concluir que la reforma no vulnera el parámetro de regularidad constitucional. El alto tribunal rechazó los argumentos planteados en la acción, los cuales cuestionaban las facultades del Congreso para establecer dicha reserva exclusiva sobre el recurso estratégico.
Asimismo, la Corte desestimó la exigencia de realizar una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos para la promulgación de esta ley. El criterio del pleno establece que la norma redefine de forma general la rectoría estatal del litio sin generar un impacto directo y diferenciado en las comunidades, por lo que la consulta solo sería exigible hasta la etapa de proyectos concretos.
La resolución también precisó que la clasificación de los yacimientos como zonas de reserva minera se apega a los principios de legalidad y seguridad jurídica, siempre que su aplicación siga los procedimientos previstos en la Ley Minera y su reglamento, contando con el sustento técnico del Servicio Geológico Mexicano.
Con este fallo, la SCJN cierra la controversia constitucional iniciada en 2022, consolidando el marco legal que permite al gobierno mexicano operar directamente la cadena productiva del litio sin participación de privados, en contraste con decisiones anteriores en materia de amparo que solo tenían efectos particulares.
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