Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, compuesto por 151 unidades, tras una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año. El Comité de Transparencia del Alto Tribunal determinó que hacer públicos datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de los automóviles podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial.
La decisión surge en el contexto de la revelación reciente sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque la solicitud original no pidió específicamente los datos de asignación a cada ponencia ni el emplacado de las unidades, la Corte extendió la reserva para proteger la identidad de los servidores públicos usuarios de estos vehículos. La institución rechazó también hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia desde 1994 a la fecha.
En su argumentación oficial, el Comité de Transparencia de la SCJN sostuvo que la difusión de estas características operativas es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”. Bajo esta justificación, se mantiene en confidencialidad el monto total invertido en el mantenimiento y compra de la flota, así como los modelos y costos específicos de cada unidad.
Como consecuencia de esta resolución, permanecen ocultos los nombres de los ministros titulares a quienes se asignan los vehículos, así como las placas de circulación de la flota. La medida de transparencia restringida tendrá una vigencia de medio lustro, periodo durante el cual la ciudadanía no podrá acceder a los detalles financieros y logísticos del transporte oficial del máximo órgano judicial del país.
Esta acción de reserva se suma al debate sobre la opacidad en el uso de recursos públicos dentro del Poder Judicial, especialmente tras la compra de las unidades blindadas que generó atención mediática. La SCJN prioriza en este caso el argumento de protección física de sus integrantes sobre el principio de máxima publicidad que rige las solicitudes de información gubernamental.
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