Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto para definir si el cálculo de indemnizaciones civiles por muerte debe basarse en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una decisión que determinará montos significativamente distintos para las víctimas. La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó la propuesta al pleno para resolver una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Salas del máximo tribunal, que han emitido fallos opuestos sobre el mismo tema.
La discrepancia central radica en qué parámetro usar para calcular el llamado “lucro cesante”, es decir, la compensación por la pérdida de ingresos futuros de la persona fallecida. Mientras que la Primera Sala resolvió en marzo de 2024 que pueden usarse salarios mínimos para lograr una indemnización justa, la Segunda Sala determinó en julio del mismo año que es constitucional emplear la UMA, una unidad de valor con un monto muy inferior.
La diferencia económica es sustancial. Para 2026, el salario mínimo general diario es de $315.04 pesos, mientras que el valor diario de la UMA es de apenas $117.31 pesos. Utilizar uno u otro referente multiplica o reduce drásticamente el monto final que reciben los familiares como compensación por la pérdida.
El caso que llega al pleno deriva de una denuncia de contradicción presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que enfrentó los criterios divergentes de las salas. Este es la tercera ocasión en que el proyecto de la ministra Batres se programa para discusión, lo que refleja la complejidad y sensibilidad del tema.
La decisión de la Corte sentará un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, unificando los criterios de cálculo en materia de responsabilidad civil extracontractual. El fallo impactará directamente en juicios por negligencia médica, accidentes de tránsito, homicidios culposos y cualquier otro caso donde se reclame una indemnización por muerte.
El debate judicial ocurre en un contexto donde la UMA, creada para fines fiscales y administrativos, ha sido criticada por organizaciones civiles por su insuficiencia para garantizar una reparación integral del daño en asuntos penales y civiles. La resolución de la SCJN definirá si prevalece el criterio de actualización administrativa o el principio de indemnización plena para las víctimas.
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