Por Redacción
Tulum, 27 de agosto de 2026.- La Riviera Maya atraviesa circunstancias peores a las vividas durante la pandemia de Covid-19, marcada por una ocupación hotelera que ronda apenas el 30 por ciento, la cancelación masiva de rutas aéreas y niveles alarmantes de inseguridad.
De acuerdo con información recopilada, la crisis obedece a factores como el desplome en la afluencia de extranjeros debido a la situación económica mundial, guerras militares y económicas, así como la multiplicación del sargazo en las costas. A esto se suma la lentitud en los resultados de las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus visitas a la zona.
El sector aéreo reporta un colapso operativo. El Aeropuerto Internacional de Cancún vive “las peores jornadas del año” al no superar los 400 vuelos diarios, según informó Reportur.us. Aerolíneas como WestJet han cancelado 12 vuelos diarios al destino, Delta Air Lines redujo su frecuencia en rutas internacionales y Magnicharters suspendió por completo sus operaciones nacionales.
En Tulum, el impacto es visible en comercios vacíos donde normalmente transitan visitantes europeos, canadienses y estadounidenses. La mitad de los restaurantes no abre sus puertas y, quienes lo hacen, operan con pocas mesas ocupadas mientras enfrentan cargas impositivas, salariales y de servicios, además de extorsiones por parte de funcionarios municipales y estatales.
Se denuncia que en este municipio, policías del gobierno morenista portan terminales bancarias para exigir el pago de extorsiones cuantiosas. Por otro lado, la situación se agrava con la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administración con sede en Mérida, Yucatán.
Ante este escenario, empresarios y actores locales sostuvieron una reunión de emergencia el martes, donde ubicaron los orígenes del problema en la coyuntura global y lamentaron la falta de apoyos oficiales efectivos. Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza mantiene su escaño bajo fuero para evitar ser entregado a Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, recibiendo su salario en efectivo debido al bloqueo de sus cuentas bancarias.
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