Por Redacción
Tamaulipas, 03 de agosto de 2026.- El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, ha detonado una reflexión sobre la violencia en este tipo de instituciones. Emilio Ulloa afirmó que este hecho pertenece a la categoría de tragedias que “obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo”.
De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación Pública nunca autorizó la modalidad educativa de academias militarizadas, ni según la Constitución ni conforme a la Ley General de Educación. A pesar de ello, Ulloa indicó que “durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes ‘rebeldes’ en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense”.
La investigación sobre la muerte de Dafne reveló testimonios que describen prácticas reiteradas más allá de un hecho aislado. Ulloa detalló que surgieron relatos sobre “golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor”. A esto se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar “un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes”.
Ante estos hallazgos, el analista cuestionó la actuación de las autoridades: “Si las autoridades educativas estatales son las responsables de autorizar y supervisar planteles particulares, ¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?”. Ulloa subrayó que existe una responsabilidad institucional cuando el Estado omite supervisar adecuadamente o permite que instituciones privadas operen al margen del marco jurídico, pues “la omisión también produce consecuencias”.
En medio de este contexto, Ulloa concluyó que “la disciplina no puede ser sinónimo de violencia”, marcando la distinción entre la formación ética y los abusos que han cobrado vidas en el país.
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