Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Ecuador de realizar bombardeos en territorio colombiano que dejaron 27 personas calcinadas, desatando una crisis diplomática entre ambas naciones. Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, negó categóricamente las acusaciones, afirmando que sus operaciones militares contra el narcoterrorismo se realizan únicamente dentro de su territorio. La confrontación verbal, llevada a cabo a través de redes sociales y declaraciones a medios, marca un punto álgido en la tensión bilateral que se arrastra desde enero.
Petro declaró durante un Consejo de Ministros y luego en sus redes sociales: “Están bombardeándonos desde Ecuador… no queremos ir a una guerra”. Añadió que los ataques “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, insinuando así la responsabilidad directa de las fuerzas ecuatorianas. Reportó la cifra de “27 cuerpos calcinados” como consecuencia de los supuestos eventos.
Por su parte, el presidente Noboa respondió de manera contundente, calificando las declaraciones de Petro como “falsas”. En declaraciones a la revista Semana, citadas por otros medios, aseguró: “Falso. Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”. Noboa acusó al gobierno colombiano de “permisividad” en el control fronterizo y de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’.
Este enfrentamiento representa una escalada dramática de un conflicto que comenzó en enero de 2026 como una guerra comercial. Ecuador impuso inicialmente aranceles de hasta el 50% a productos colombianos, argumentando la falta de control del narcotráfico y la inseguridad en la frontera compartida de más de 600 kilómetros. Colombia respondió con medidas recíprocas, deteriorando aún más la relación bilateral.
La zona fronteriza entre ambos países es conocida por su complejidad, con una fuerte presencia de disidencias de las FARC, carteles de narcotráfico, minería ilegal y contrabando, funcionando como un corredor crítico para el crimen organizado transnacional. La verificación independiente de los hechos reportados —la ubicación exacta de los bombardeos, el tipo de armamento utilizado y la identidad de las víctimas— sigue sin estar disponible públicamente, profundizando la incertidumbre.
El tono de las acusaciones y la aparente ruptura de los canales diplomáticos formales elevan el riesgo de una mayor escalada. La comunidad internacional observa con preocupación cómo dos aliados históricos en la región se enfrascan en una disputa que, de no mediar una intervención o verificación externa, podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad fronteriza.
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