Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron este marzo un patrón regional de represión estatal que abarca desde la desmantelación de políticas de memoria en Argentina hasta la desaparición forzada de deportados en El Salvador y la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Las alertas se centran en el endurecimiento de políticas migratorias inspiradas en modelos autoritarios y la criminalización de la disidencia política en varios gobiernos latinoamericanos.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la expulsión y no admisión de 5,000 personas en los últimos dos meses, así como por un aumento del 40% en las deportaciones durante 2024, alcanzando la cifra de 620 casos. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas restrictivas, mientras activistas como Amaru Ruiz y familiares como Thelma Brenes reportan la falta de garantías para migrantes y la erosión de mecanismos de protección histórica relacionados con los 30,000 desaparecidos de la dictadura.
Simultáneamente, en El Salvador, la deportación de más de 9,000 connacionales desde Estados Unidos en 2025 ha derivado en la desaparición de al menos 11 personas, entre ellas César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Aunque autoridades estadounidenses y salvadoreñas acusan a estos individuos de pertenecer a la pandilla MS-13, familias y Human Rights Watch (HRW) niegan dicha condición para la mayoría de los casos, señalando la ausencia de evidencia pública que vincule a los desaparecidos con actividades criminales, más allá del líder mencionado.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo, han intensificado acciones contra la oposición. Lilian Tintori y otros actores políticos como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López figuran en denuncias públicas sobre persecución. Se reporta la confiscación de bienes a opositores venezolanos sin especificación detallada de los cargos, así como la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes. La situación refleja una crisis política marcada por la eliminación de espacios de diálogo y la retención arbitraria de adversarios.
Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, ha emitido comunicados oficiales destacando la gravedad de estas violaciones sistemáticas. La organización subraya las contradicciones en los discursos oficiales que justifican la represión bajo argumentos de seguridad nacional, mientras se ignoran los debidos procesos legales. Las protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, Argentina, incluyendo a Macarena Limousin, y la defensa del proyecto minero San Jorge, se suman al mapa de resistencia civil frente a decisiones estatales controversiales.
La economía Mercedes D’Alessandro y otros analistas han puesto en perspectiva el impacto social de estas políticas, que combinan el control migratorio con la supresión de la protesta social. A pesar de las denuncias, no se ha registrado una respuesta oficial del gobierno salvadoreño ante las acusaciones de desaparición forzada, ni se ha esclarecido el estatus legal actual de los proyectos en disputa en Argentina. El panorama regional sugiere una convergencia de prácticas autoritarias que desafían los estándares democráticos en América Latina.
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