Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra Yasmín Esquivel Mossa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteó un decálogo de ajustes a la reforma judicial, en un contexto donde un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado al financiamiento de partidos políticos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, promovió el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar judicialización de conflictos políticos.
El análisis presupuestal detalló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2026, destacando el rubro de financiamiento público a partidos políticos como el componente más significativo. Estas cifras emergen en medio de un debate nacional sobre la eficiencia y el costo de los organismos autónomos.
Desde la SCJN, la ministra Esquivel Mossa abogó por modificaciones específicas a la implementación de la reforma judicial, aunque no precisó los detalles concretos de su propuesta de decálogo. Sus declaraciones se enmarcan en una discusión más amplia sobre la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.
En el ámbito electoral, el magistrado Bátiz García insistió en que el TEPJF debe priorizar mecanismos alternativos para resolver disputas, buscando reducir la intervención judicial directa en conflictos de naturaleza política. Su postura enfatiza la necesidad de eficiencia y celeridad en la resolución de controversias electorales.
El cruce de declaraciones y estudios ocurre en un momento de intenso escrutinio público sobre el uso de recursos en instituciones autónomas y la posible reconfiguración del sistema judicial mexicano. La coincidencia temporal de estos pronunciamientos refleja una agenda nacional que cuestiona el statu quo de poderes y organismos del Estado.