Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció que agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir la crisis de derechos humanos en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un connacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el segundo mandato de Donald Trump se tienen registradas 14 muertes de connacionales en centros de detención migratoria. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración participará en el proceso judicial mediante la figura de amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, presentada por la organización legal Public Counsel en Los Ángeles.
El Centro de Detención de Adelanto, California, se ha convertido en el foco de las denuncias. En este lugar se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el caso de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente por personal de seguridad y posteriormente declarado muerto en un hospital de California. El centro se gestiona por un privado, GEO Group, pero jurídicamente el ICE es responsable del tratamiento a los detenidos.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, calificó la situación como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. La demanda denuncia condiciones insalubres, aislamiento punitivo, atención médica y de salud mental limitada, falta de acceso al aire libre, además de deficiencias en alimentación, agua y servicios básicos.
Como parte de la estrategia, México presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante el organismo internacional. Claudia Sheinbaum señaló: “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”.
La ofensiva diplomática incluye el envío de cartas a legisladores federales de Estados Unidos denunciando la atención médica deficiente, reuniones con familias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, y contacto con autoridades clave como el fiscal de California, Rob Bonta. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, ya abordó el tema con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson.
Entre junio de 2025 y marzo, mil 809 mexicanos se recluyeron en el centro de detención del centro de Los Ángeles. La SRE indicó que hay un nulo flujo de información para conocer la situación de los mexicanos detenidos y el 50% son connacionales con más de 10 años en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados.
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