AME7294. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/06/2025.- Fotografía de archivo del 13 de mayo de 2025 del senador Miguel Uribe en el Congreso en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido de gravedad este sábado en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO
Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- Un tribunal federal en esta ciudad emitió una sentencia condenatoria de 22 años y cuatro meses de prisión contra Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su participación en el homicidio agravado y otros delitos relacionados con el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay. El fallo se produce en un contexto de alta tensión diplomática y judicial, mientras la Fiscalía de Estados Unidos mantiene una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con estructuras de narcotráfico y financiamientos irregulares durante su campaña electoral.
La condena de Pérez Marroquín cierra un capítulo significativo en el caso que sacudió a Colombia, donde también están implicados Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez. La justicia estadounidense determinó la responsabilidad penal del sentenciado como intermediario en los hechos violentos perpetrados contra el legislador, aplicando una pena que refleja la gravedad de los cargos probados en el proceso judicial llevado a cabo en el distrito de Nueva York.
De manera paralela, reportes de prensa indican que fiscales estadounidenses han abierto una carpeta de investigación en fase temprana dirigida a evaluar supuestos contactos del mandatario Gustavo Petro con redes de narcotráfico. Según la información disponible, las autoridades no han presentado cargos formales en contra del jefe de Estado colombiano, y la indagatoria se centra en analizar la posible existencia de financiamientos ilícitos en su ascenso al poder, sin que hasta el momento el presidente sea considerado el objetivo central de la acción penal.
Las fuentes consultadas señalan que, aunque se ha mencionado la existencia de esta pesquisa, no se han hecho públicas pruebas concluyentes ni evidencias concretas que vinculen directamente a Petro con actividades delictivas. La situación genera un escenario de incertidumbre jurídica, dado que la investigación se encuentra en etapas iniciales de recolección de información por parte de las oficinas fiscales competentes en Nueva York, sin que se haya especificado la fecha exacta de inicio de las diligencias.
La convergencia de estos dos procesos judiciales en territorio estadounidense pone bajo la lupa las relaciones entre el gobierno de Colombia y las autoridades de justicia de Estados Unidos. Mientras se ejecuta la sentencia contra los responsables materiales del ataque al senador Uribe Turbay, la sombra de la investigación preliminar sobre el ejecutivo colombiano permanece como un factor de análisis político y legal, a la espera de que los fiscales definan si existen elementos suficientes para escalar el caso o si se desestima por falta de mérito probatorio.
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