Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La memoria histórica y la búsqueda de justicia centraron este fin de semana la agenda pública en Latinoamérica, con hechos que van desde propuestas legislativas controvertidas en Chile hasta sentencias inéditas en Ecuador y actos de reparación simbólica en México.
En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La iniciativa, ingresada el mismo día que Kast rindió su primera Cuenta Pública, pide instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto. El objetivo declarado es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular” y “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período”. Esta propuesta busca restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), el cual recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026, en un país donde se conservan 1.168 lugares de memoria.
En Ecuador, la justicia obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, un caso que expuso abusos cometidos por militares durante el gobierno de Daniel Noboa. La sentencia, considerada inédita, ordenó un acto de disculpas públicas con frases redactadas por los jueces de la Corte Constitucional. El 4 de junio de 2026, en el Hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil, el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de perdón: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los cuatro menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024; según la investigación judicial, los soldados los detuvieron, golpearon, desnudaron y abandonaron en una zona apartada, apareciendo sus cuerpos días después junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”, mientras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció hostigamiento previo hacia las familias por parte de militares.
En México, tras seis años de lucha familiar, la UNAM otorgó la licenciatura a la joven enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio. Soto Hernández había terminado la carrera con 9.6 de calificación y jamás había reprobado, pero no pudo recibir el título inicialmente porque no cubrió totalmente el servicio social, el cual estaba realizando cuando fue asesinada. Mientras tanto, el culpable del asesinato al parecer está sin juzgar.
Asimismo, en Hermosillo, Sonora, familiares de las víctimas de la tragedia de la Guardería ABC realizaron una ceremonia a 17 años del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores. Durante el acto, llevaron a cabo un pase de lista mencionando los nombres de los 49 niños y niñas, seguido cada vez por la frase “no debió morir”, y reiteraron su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.
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