Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, afirmando que dicha clasificación es “otra cosa” definida por la ONU que no se adapta a la situación del país. Sheinbaum aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado, además de señalar la impunidad de grupos criminales y la complicidad de gobiernos de Morena con cárteles mafiosos. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, aclaró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década, destacando 28,880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025.
En respuesta, funcionarios del gobierno federal y del partido Morena cuestionaron la metodología del documento. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y argumentó que el análisis se basa indebidamente en datos de 2009 a 2017 de solo cuatro estados. Alcalde destacó que un cribado gubernamental arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, ya que se detectaron señales de actividad posterior en más de 40,000 casos. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
El informe también aborda la crisis forense, estimando 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021. Se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos. En 2025, el 37% de las fosas reportadas se concentraban en Sonora, Veracruz y Tamaulipas. El Comité subraya que el número de personas desaparecidas registradas supera los 132,400 al 19 de febrero de 2026, con incrementos exponenciales en estados como Tabasco y Guanajuato.
Frente a estas posturas, la diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusándola de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular de la CNDH. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, afirmando: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, y anunció acciones para exigir rendición de cuentas.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, calificó la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General como “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión y a aceptar la ayuda internacional. Sheinbaum reiteró su rechazo a que el caso de México sea llevado ante la Asamblea General de la ONU, manteniendo su postura de que el informe usa un análisis antiguo para extrapolar situaciones hasta 2025.
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