Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes (20 de marzo) una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de discriminar a alumnos judíos e israelíes al no protegerlos adecuadamente durante las manifestaciones propalestinas y antiisraelíes ocurridas en su campus. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita al tribunal la recuperación de subvenciones federales por valor de miles de millones de dólares otorgadas a la prestigiosa casa de estudios.
La querella se centra en los incidentes registrados principalmente entre 2023 y 2024, posteriores al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, cuando se estableció un campamento de protesta en la universidad que permaneció activo durante 20 días. Según los argumentos del gobierno estadounidense, la institución educativa falló en su obligación de garantizar un entorno seguro, permitiendo situaciones de acoso y agresión física contra estudiantes de origen judío e israelí por parte de los manifestantes.
Este litigio representa la tercera demanda que la administración Trump interpone contra Harvard. La escalada legal incluye un antecedente inmediato de febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos públicos a la universidad; dicha medida fue bloqueada en su momento por un juez, lo que ahora deriva en esta nueva vía judicial para exigir la devolución del dinero bajo la alegación de violaciones a los derechos civiles.
Las cifras involucradas en el caso son significativas, dado que el gobierno busca resarcir el monto total de las ayudas económicas federales recibidas por la universidad, estimadas en miles de millones de dólares. La investigación señala que la disputa no solo es financiera, sino que pone en el centro del debate nacional la responsabilidad de las instituciones académicas frente a la seguridad de sus estudiantes en contextos de alta tensión política y social.
Hasta el momento, la respuesta formal de la Universidad de Harvard ante el tribunal no ha sido detallada en los registros iniciales del caso, aunque la institución ha emitido comunicados públicos respecto a la situación. El proceso judicial continuará en los tribunales federales de Boston, donde se determinará si la universidad incurrió en negligencia al no actuar contra el hostigamiento denunciado y si procede la sanción económica solicitada por el Departamento de Justicia.
El desarrollo de este caso tendrá implicaciones profundas para la educación superior en Estados Unidos, estableciendo un precedente sobre cómo las universidades deben gestionar las protestas estudiantiles y la protección de minorías religiosas en sus recintos. La resolución final podría redefinir la relación entre las instituciones privadas y el financiamiento público federal en materia de cumplimiento de normas antidiscriminatorias.
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