Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Familias de personas desaparecidas y representantes de colectivos denunciaron este 21 de marzo el estancamiento en las búsquedas y la falta de avances en expedientes de casos en Coahuila, Morelos y Sinaloa, mientras autoridades anunciaron la reactivación de exhumaciones en fosas comunes y alertaron sobre muertes de desplazados que retornaron a sus comunidades.
En Coahuila, la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, quien desapareció el 20 de marzo en Saltillo. Paralelamente, Luz Flores Peña, madre de Julio Villagrana Flores, relató que su hijo, policía municipal, desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón y expresó que el expediente no presenta avances.
El colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, representado por Cristian Eduardo Castro Cigala, solicitó integrarse a las plenarias estatales en Coahuila y fue informado que su petición está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su visto bueno. En Sinaloa, Elena Cruz Ramírez, madre de Mauricio Vázquez Cruz, denunció la desaparición de su hijo desde el 20 de diciembre de 2025 en Navolato y la falta de avances y apoyo de las autoridades.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, presidida por Óscar Loza Ochoa, criticó el manejo de los retornos de familias desplazadas a sus comunidades, señalando que no se acatan los protocolos establecidos. Loza Ochoa denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares, aunque no se especificaron las causas de los fallecimientos.
En Morelos, el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó que el lunes posterior al 21 de marzo iniciarían formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. Esta reactivación se produce tras un año de suspensión en los trabajos de búsqueda en dicha zona.
Los casos expuestos reflejan problemáticas distintas pero relacionadas con la violencia e inseguridad en tres estados: la búsqueda de inclusión de colectivos y casos específicos de desaparición en Coahuila, la reactivación de exhumaciones en fosas comunes en Jojutla, y la crítica de la CEDH Sinaloa a los protocolos de retorno de desplazados que habrían resultado en ocho muertes.
Las familias y colectivos mantienen su exigencia de que las autoridades presenten avances concretos en las investigaciones, mientras las fiscalías estatales y organismos de derechos humanos enfrentan presión para dar respuestas a los casos que acumulan meses y años sin resolución.
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