Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como ‘Plan B’, iniciativa que busca modificar cuatro artículos constitucionales en materia de austeridad y procesos electorales, enfrenta un escenario de incertidumbre en el Senado de la República. Mientras Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que el dictamen circularía este martes para su discusión en comisiones, fuentes parlamentarias y reportes indican que la votación podría ser postergada hasta después de la Semana Santa debido al rechazo del Partido del Trabajo (PT) a puntos clave de la propuesta.
La contradicción sobre el calendario legislativo marca el ritmo de las negociaciones. Mier Velazco informó mediante su cuenta de X que, una vez resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios, se convocaría a la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para aprobar el dictamen el 24 de marzo. Sin embargo, otras versiones señalan que la falta de consenso con el PT ha obligado a suspender la sesión prevista, extendiendo el debate más allá de los tiempos originales.
El núcleo del desacuerdo radica en la fecha para realizar la revocación de mandato presidencial. La iniciativa propone que esta consulta se lleve a cabo en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas y la renovación de 17 gubernaturas. Alberto Anaya, presidente del PT y coordinador de su bancada en el Senado, confirmó que su partido mantiene reservas sobre este punto, argumentando que empalmar ambos procesos beneficiaría electoralmente a Morena. Anaya señaló que el debate de fondo es precisamente el tema de la fecha y que siguen revisando aspectos de técnica jurídica.
Ante la dificultad para reunir los votos necesarios, Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que existe la conciencia de que podría no alcanzarse la mayoría requerida sin un consenso previo. Esta admisión contrasta con la postura de Óscar Cantón Zetina, quien aseguró que la coalición oficialista cuenta con los votos necesarios en las comisiones, evidenciando las tensiones internas sobre la viabilidad inmediata de la reforma.
El contenido del ‘Plan B’ incluye medidas de austeridad republicana, como establecer un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales y reducir el número de regidores y síndicos en los ayuntamientos, limitándolos a un máximo de 15 regidurías y una sindicatura. Estos cambios buscan liberar recursos para infraestructura pública, pero su aprobación depende de superar el estancamiento político generado por la disputa sobre el calendario electoral.
La situación deja en suspenso la ruta legislativa de la iniciativa presidencial. Mientras se realizan ajustes técnicos al documento, la oposición de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que han solicitado retirar la iniciativa, se suma a la disidencia interna de los aliados. El resultado de las negociaciones en los próximos días determinará si la reforma avanza antes del receso legislativo o si su discusión se extiende indefinidamente.
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