Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. La modificación, que elimina la prohibición expresa contenida en el artículo 27 de la Constitución, fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas y dos legisladores de oposición, en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. El gobierno salvadoreño justifica la reforma como una herramienta necesaria para combatir la delincuencia, mientras organizaciones internacionales la vinculan con acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, declaró que las acciones emprendidas por el gobierno son “irreversibles”, aunque no especificó la fecha exacta de entrada en vigor de la reforma constitucional. La aprobación se produce días después de que un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) señalara presuntas violaciones graves a los derechos humanos durante el régimen de excepción, contexto que enmarca el debate entre la lucha contra las pandillas y las críticas a los métodos empleados.
El presidente Bukele, quien ha centrado su política en una mano dura contra la criminalidad, celebró la decisión legislativa como un paso fundamental para garantizar la seguridad. La reforma constituye un cambio histórico en el sistema penal salvadoreño, que durante décadas prohibió la prisión perpetua por considerarla contraria a principios de rehabilitación. Sin embargo, la oposición política ha mostrado divisiones, con solo dos de sus diputados apoyando la iniciativa oficialista.
El proceso de aprobación no estuvo exento de polémica. Las fuentes consultadas no detallan el número total de diputados en la Asamblea, por lo que no es posible precisar si los 61 votos a favor representan una mayoría calificada o simple. Tampoco se especifican los procedimientos legales subsiguientes, como una posible ratificación o promulgación, que podrían ser necesarios para que la reforma entre plenamente en vigor.
Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la comunidad internacional han expresado preocupación por el endurecimiento penal en El Salvador, argumentando que medidas como la cadena perpetua podrían agravar las condiciones carcelarias y no atacar las causas estructurales de la violencia. El debate se intensifica mientras el país centroamericano mantiene suspendidas varias garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, una medida extendida repetidamente desde 2022.
El futuro inmediato de la reforma dependerá de los trámites administrativos y jurídicos pendientes, así como de la posible reacción de instancias internacionales. La medida consolida el enfoque de seguridad del gobierno de Bukele, pero también profundiza las fisuras en el panorama político salvadoreño y aleja al país de las tendencias abolicionistas de penas perpetuas en la región.
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