Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cesó a 43 abogados a nivel nacional que ocupaban el puesto de analista especializado nivel 27-C, correspondiente al área de Trabajo Social. Los despidos ocurrieron del 26 al 30 de junio y las plazas fueron eliminadas, según información publicada por el diario La Jornada.
Los oficios de terminación laboral fueron emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial y los ceses surtieron efecto a partir del 1 de julio de 2026. Del total de trabajadores despedidos, 39 son mujeres y cuatro hombres, quienes estaban distribuidos en las 31 delegaciones del instituto.
Los afectados no eran personal administrativo, sino profesionales encargados de realizar investigaciones socioeconómicas, dictámenes y evaluar condiciones de vulnerabilidad. Eran parte de los equipos interdisciplinarios y desempeñaban funciones técnicas especializadas consideradas indispensables para la prestación integral del servicio de asesoría jurídica.
Entre sus funciones, estos trabajadores realizaban investigaciones socioeconómicas para determinar la procedencia del servicio cuando existían dudas sobre la situación económica de los solicitantes. Asimismo, elaboraban dictámenes periciales en materia de trabajo social, estudios sociales e investigaciones de contexto, además de identificar condiciones de vulnerabilidad y brindar acompañamiento institucional.
No existe información pública que permita conocer si las plazas fueron eliminadas, transformadas o reasignadas, ni se conocen las razones individualizadas que motivaron cada uno de los ceses. Tampoco hay datos que vinculen la medida con conflictos laborales o movimientos de protesta. Varios trabajadores promovieron acciones legales para impugnar la terminación de sus nombramientos.
En redes sociales circuló un video donde un representante sindical informa a la base trabajadora sobre la suspensión y el cese del personal. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación calificó la situación como un “trato arbitrario”. Hasta el cierre de la edición de este 2 de julio, el IFDP no se había pronunciado al respecto.
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