Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció nuevas restricciones migratorias que obligarán a ciudadanos de 50 países a pagar una fianza de 15 mil dólares para obtener visas de visitante. La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, extiende un programa existente a 12 naciones adicionales, entre las que destacan Nicaragua, Etiopía, Mongolia y Túnez, con el argumento oficial de reducir los costos asociados a las deportaciones.
El Departamento de Estado justificó la expansión del programa de fianzas señalando una tasa de cumplimiento del 97% entre los viajeros que ya están sujetos a este requisito. Según estimaciones oficiales, el costo promedio de deportar a una persona asciende a 18 mil dólares, por lo que la nueva política podría generar un ahorro de hasta 800 millones de dólares anuales para las arcas estadounidenses.
La lista de países afectados, que ahora suma medio centenar, incluye naciones cuyos ciudadanos han registrado históricamente mayores índices de sobrestancia en sus visas o de solicitudes de asilo al ingresar a territorio estadounidense. Además de los 12 nuevos integrantes, el programa ya aplicaba para viajeros de 38 naciones, aunque las autoridades no han publicado el listado completo.
La fianza, que deberá ser pagada antes de la emisión de la visa, será reembolsada al viajero una vez que salga de Estados Unidos dentro del plazo autorizado. El mecanismo busca garantizar el retorno de los visitantes y desincentivar la migración irregular. “Esta política protege al contribuyente estadounidense y asegura que nuestros sistemas de inmigración no sean explotados”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado en el comunicado que anunció la medida.
La expansión del programa se enmarca en una serie de políticas migratorias más restrictivas impulsadas por la administración Trump, que ha priorizado el control fronterizo y la reducción de la inmigración tanto legal como irregular. Analistas prevén que la medida podría afectar significativamente el turismo y los viajes de negocios desde los países incluidos en la lista, particularmente aquellos con economías emergentes.
Entre las naciones recién incorporadas al requisito de fianza se encuentran también Camboya, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mozambique, Papúa Nueva Guinea y Seychelles. La medida ha generado críticas entre defensores de derechos migrantes, quienes la califican como una “barrera económica” que discrimina por nacionalidad y limita la movilidad internacional.