Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien cambió el criterio de su predecesor, el juez Mario Elizondo Martínez, que había negado la solicitud el 22 de junio. La magistrada giró órdenes contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento duró más de 30 horas, aunque otras fuentes reportan que se extendió hasta 40 horas. Durante la diligencia, la jueza dictó prisión preventiva para Ruffo Appel y sus coacusados.
En su resolución, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concluyó que “la participación de Ernesto Ruffo Appel… no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho, desde donde organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito”. La investigación, originada por el aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, identificó la participación de 70 personas, incluyendo servidores públicos.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había informado previamente que el daño total por contrabando de combustible ascendía a 600,000 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivaciones políticas en la detención. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, declaró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio. Mientras tanto, otros implicados tienen distintas medidas: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La detención generó reactions políticas. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció “trato indigno y humillante” y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth criticó que la audiencia se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigiendo transparencia. El PAN pidió respeto al debido proceso, mientras que Coparmex en Baja California consideró el caso una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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