Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis presupuestaria que ha provocado una crisis de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). La decisión, anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, busca mitigar los tiempos de espera que han llegado a casi tres horas en terminales como la de Atlanta, debido a la ausencia y renuncia masiva de empleados federales que trabajan sin sueldo completo desde mediados de febrero.
La crisis se origina en un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lleva cinco semanas de duración tras el rechazo del Senado por quinta vez desde febrero a su financiamiento. Esta situación ha derivado en una tasa nacional de ausencias en la TSA del 11.76% al 22 de marzo, así como en más de 400 renuncias registradas recientemente. Como consecuencia, los pasajeros han reportado demoras significativas: dos horas en el aeropuerto George Bush de Houston y más de una hora en el JFK de Nueva York, según datos recopilados durante el primer día de operaciones del nuevo despliegue.
A pesar de la presencia de los agentes del ICE en las terminales, reportes indican que la medida constituye una solución incompleta. Los funcionarios de inmigración no cuentan con la capacitación necesaria para realizar funciones críticas de seguridad, como la operación de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Su labor se limita a tareas auxiliares, incluyendo el manejo de filas y la vigilancia general, lo que no ha resuelto el problema de fondo relacionado con la falta de personal especializado para los controles de seguridad.
La iniciativa ha generado una tensión política inmediata entre las autoridades federales y diversos actores locales y legislativos. Mientras el gobierno presenta el despliegue como una ayuda necesaria para aliviar la carga operativa, figuras como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, han calificado la acción de inaceptable y ajena a la misión del ICE. Incluso dentro del Partido Republicano, la senadora Lisa Murkowski ha expresado críticas sobre la estrategia, sumándose a las preocupaciones sobre los riesgos que esto podría implicar para la seguridad aérea.
En Atlanta, el alcalde Andre Dickens también ha manifestado su postura frente a la llegada de los agentes federales a su aeropuerto, el más concurrido del país y donde se registraron los mayores retrasos. La discrepancia central radica en que, aunque el objetivo anunciado es reducir las filas, la incapacidad de los agentes del ICE para realizar los escaneos técnicos significa que los cuellos de botella en los puntos de revisión permanecen, manteniendo la incertidumbre para los viajeros mientras persiste el estancamiento en la aprobación del presupuesto federal.
Este movimiento ocurre en un contexto de alta presión para la administración Trump, que enfrenta el desafío de mantener la operatividad de los servicios esenciales sin un financiamiento aprobado. La falta de un plazo estimado para resolver la parálisis presupuestaria mantiene a miles de empleados de la TSA en una situación financiera precaria, alimentando la tendencia de abandonos del cargo. Mientras tanto, la presencia de agentes de inmigración en las zonas de embarque marca un cambio significativo en la dinámica de seguridad aeroportuaria, priorizando la gestión de flujos de pasajeros sobre la ejecución técnica de los protocolos de inspección.
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