Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza tras el derrame de hidrocarburo en el litoral son inadecuados y carecen de equipo de protección suficiente, mientras persiste la incertidumbre sobre el responsable del vertido que ha contaminado varios kilómetros de la costa.
El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, junto con el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, señaló que aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) participa en las labores de remediación, las acciones reportadas por los pobladores no corresponden con la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que la empresa estatal está haciendo todo lo necesario para limpiar el océano y las playas.
Una contradicción central marca el desarrollo del caso: mientras la presidenta Sheinbaum afirmó categóricamente que el derrame fue provocado por un barco, aunque sin identificar aún a la empresa responsable, las comunidades locales sostienen que el origen no ha sido esclarecido y manejan la teoría de un “barco fantasma”. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han presentado resultados oficiales que determinen la identidad del vessel o la compañía implicada.
Los habitantes de la zona alertan sobre graves daños económicos y sanitarios derivados del incidente. Entre las denuncias figura la venta de pescado contaminado y la posible utilización de disolventes durante las prácticas de limpieza, lo cual podría agravar el impacto ambiental en el ecosistema costero. El gobierno federal había informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas, sin que hasta la fecha se conozcan estudios oficiales sobre los efectos a la salud de la población.
La falta de claridad en la atribución de responsabilidades y la discrepancia en la evaluación de las labores de contención mantienen en alerta a los municipios afectados. Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar al responsable, mientras las organizaciones civiles exigen transparencia y medidas efectivas que salvaguarden la vida en la región indígena de la Sierra de Los Tuxtlas.
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