Washington D.C., 02 de abril de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra analizando uno de los casos más importantes en materia migratoria y constitucional de los últimos años: la ciudadanía por nacimiento. El Tribunal Supremo analiza los argumentos legales de las partes que han intervenido este miércoles en la vista oral del caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El caso gira en torno a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La medida busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean migrantes indocumentados o tengan un estatus migratorio temporal.
El punto central del conflicto es la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la Enmienda 14. El gobierno argumenta que la frase excluye a hijos de migrantes sin estatus legal, mientras la Constitución refiere a toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción”.
Durante la audiencia, varios jueces mostraron escepticismo ante la legalidad de la orden ejecutiva. Los tres jueces de tendencia progresista y, al menos, otros tres conservadores, entre los que se encuentra el presidente del Supremo, John Roberts, junto a Brett Kavanaugh y Neill Gorsuch, se inclinan por propinar un nuevo revés judicial a la Casa Blanca.
El precedente legal del caso Wong Kim Ark de 1898 confirmó la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. Durante la vista oral, buena parte de los alegatos presentados por el procurador general, John Sauer, y por la representante de los demandantes, Cecilia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han girado en torno a este caso.
La presencia de Trump en la audiencia marcó un hecho histórico, ya que nunca antes un presidente en funciones había asistido a una sesión de la Corte Suprema. El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en su primer mandato, dejó entrever con sus preguntas y comentarios dos posibles soluciones al caso, que revelan el rechazo general del tribunal a la postura de la Administración Trump.
Los nueve magistrados de la Corte, de mayoría conservadora por seis a tres, decidirán sobre la legalidad de una orden presidencial dictada por Donald Trump. La decisión definitiva se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio.
Los jueces se debaten entre una sentencia breve, que se base únicamente en la Ley de Inmigración de 1952 o una revisión del texto constitucional para blindar la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda. La Casa Blanca considera que los tribunales hacen una interpretación errónea de la enmienda constitucional que se aplicó en el caso Ark.
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