Por Monserrat Californias
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió sus observaciones finales tras evaluar a México en su Décima Revisión Periódica. En un fuerte llamado al Estado, el organismo de la ONU confirmó la existencia de violencia estructural contra mujeres, niñas y adolescentes.
Emitió 90 recomendaciones que subrayan la gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrentan, especialmente quienes forman parte de grupos marginados. Se exige al gobierno mexicano implementar políticas públicas eficaces, con presupuesto suficiente y enfoque interseccional.
Entre los temas señalados destaca la trata de personas. CEDAW advirtió que la precariedad económica, la violencia patrimonial y la marginación incrementan el riesgo de explotación para mujeres y niñas. Criticó la corrupción y la impunidad de funcionarios, e instó a México a fortalecer los mecanismos de inspección y atención a víctimas.
También pidió recopilar datos desagregados para diseñar políticas más efectivas, además de establecer estrategias integrales de prevención con reparación proporcional para quienes han sido afectadas por estos delitos.
En cuanto a violencia de género, el Comité reconoció avances legales, pero advirtió que la situación ha empeorado. Se reportan altos índices de feminicidios, desapariciones y violencia sexual, frecuentemente cometidos con armas de fuego.
CEDAW señaló como responsables tanto al crimen organizado como a agentes del Estado, y criticó la aplicación desigual de protocolos. Emitió 29 recomendaciones, entre ellas la armonización legislativa, la recolección de datos confiables, el fortalecimiento de refugios y el seguimiento efectivo a la Alerta de Violencia de Género.
Sobre el acceso al aborto, el Comité expresó preocupación por la persistencia del estigma, la criminalización y las trabas institucionales, a pesar de reformas recientes. CEDAW recomendó formación obligatoria para el personal de salud y la aplicación efectiva de la NOM 046, sin requerir denuncias penales a víctimas de violación.
Además, instó a armonizar las leyes estatales con los avances federales y garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, particularmente en zonas rurales e indígenas, como medida de justicia social y equidad.
Finalmente, CEDAW alertó sobre las agresiones contra defensoras de derechos humanos y periodistas. Denunció asesinatos, desapariciones, vigilancia, amenazas y criminalización, muchas veces toleradas por autoridades. Exigió al gobierno revisar a fondo el Mecanismo de Protección, con enfoque de género, coordinación interinstitucional y financiamiento adecuado.
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