marzo 28, 2026
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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una reforma destinada a modernizar y agilizar los juicios administrativos en el país. La votación en lo general registró 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, mientras que en lo particular el dictamen fue avalado con 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.

Entre los cambios más destacados se encuentra la implementación de un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria, así como el establecimiento de un plazo común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un término específico, medida que busca evitar dilaciones procesales. Asimismo, se incorporan plazos máximos para las actuaciones de los magistrados instructores y para la presentación de promociones por parte de las partes involucradas.

La legislación también contempla la posibilidad de tramitar juicios de manera electrónica a través del Sistema de Justicia en Línea. En cuanto a los montos de procedencia, existen discrepancias en los reportes sobre la cuantía para la vía sumaria: una fuente indica que se incrementa de 15 a 30 veces la UMA anual e incorpora la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones, mientras que otra versión establece un límite de resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual.

Adicionalmente, la reforma adiciona supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, aplicable en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. También se fijan plazos más estrictos para la práctica de notificaciones y se modifica el procedimiento para casos de atracción y recusación de magistrados.

Con estas modificaciones, la minuta recibida del Senado avanzó con una sola alteración en el artículo 19 del dictamen referente al plazo de resolución. La actualización de referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares forma parte integral de los ajustes realizados para optimizar el funcionamiento del tribunal administrativo.

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