Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El proceso legislativo de la reforma electoral denominada ‘Plan B’ continúa su trámite en el Senado de la República, donde la Comisión de Estudios Legislativos analiza el dictamen enviado por la Cámara de Diputados. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluye también modificaciones en materia de pensiones, garantías de créditos fiscales e inversión privada en infraestructura.
Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta del Senado, encabeza los trabajos legislativos para avanzar con las iniciativas prioritarias de la actual legislatura. La Cámara Alta también tiene en su agenda de análisis una solicitud para permitir la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, relacionados con actividades de capacitación en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.
Existen desacuerdos dentro de la coalición gobernante respecto al contenido del Plan B electoral. El Partido del Trabajo, integrante de la alianza oficialista junto con Morena, mantiene su posición contraria a que la consulta de revocación de mandato se realice al mismo tiempo que la elección federal de 2027, lo que genera falta de consenso en el bloque legislativo que impulsa las reformas.
En paralelo al debate legislativo, datos de la consultora MetricsMx, citados por SDP Noticias, indican que la aprobación presidencial de Claudia Sheinbaum se ubica en 76.5%. La misma fuente reporta que 82.1% de los encuestados apoyan la revisión de las pensiones doradas, otra de las iniciativas en proceso de discusión en el Congreso.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya había trabajado previamente en el dictamen de la reforma electoral, según información citada por La Jornada. El proceso requiere ahora la aprobación en el pleno del Senado para continuar con el procedimiento constitucional de reformas.
El paquete de reformas de la administración Sheinbaum incluye además una iniciativa para flexibilizar garantías de créditos fiscales y una ley para fomentar la inversión privada en proyectos de infraestructura, medidas que buscan complementar los cambios en el sistema electoral y el régimen de pensiones.
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