noviembre 23, 2024
reforma
La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada en al menos 18 entidades federativas, al superar el mínimo de 17 congresos estatales a favor, mientras que el Congreso de Querétaro votó en contra, siendo el primer estado en rechazarla.

Por Luis Martínez Alcántara 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada en al menos 18 entidades federativas, al superar el mínimo de 17 congresos estatales a favor, mientras que el Congreso de Querétaro votó en contra, siendo el primer estado en rechazarla.

A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya se está preparando para el proceso de la elección judicial de 2025, que será necesario tras la implementación de la reforma.

Tan solo un día después de la aprobación en lo general y particular de dicha reforma en el Senado de la República, los congresos de Oaxaca, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Colima, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Morelos, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas dieron el visto bueno a los cambios constitucionales.

Sin embargo, en Querétaro, la reforma fue rechazada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, convirtiéndose en el primer estado en votar en contra. La comisión destacó su oposición a la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, una de las principales propuestas de la reforma.

Ante la implementación de esta reforma, el INE ya se alista para el proceso electoral que se celebrará en junio de 2025. Según la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, ya se están realizando reuniones preparatorias para delinear los pasos a seguir, una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación y se active el proceso electoral.

Finalmente, Taddei mencionó que el INE tiene la obligación de estar listo para organizar las elecciones judiciales, pues se trata de un mandato constitucional. La consejera señaló que se seguirá un proceso transparente y detallado, y que ya se está considerando el presupuesto necesario para llevar a cabo esta elección, en la que se votará por los nuevos jueces y magistrados.

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