Veracruz, 24 de marzo de 2026.- La presencia de hidrocarburos en 630 kilómetros de línea de costa en el estado de Veracruz ha generado versiones contradictorias entre las autoridades federales y organizaciones civiles respecto al origen, la magnitud y el avance de las labores de limpieza. Mientras la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportan controles significativos, comunidades pesqueras y activistas denuncian insuficiencia en la respuesta y daños continuos en el Corredor Arrecifal del Suroeste.
De acuerdo con datos de la SEMAR, equipos navales recolectaron 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kg en la zona de El Faro, ubicada en el municipio de Alvarado. Por su parte, Pemex informó que las labores de limpieza han alcanzado un 85% de avance. No obstante, la organización Greenpeace México cuestiona estas cifras al señalar que existen 26 sitios que no han recibido atención oficial y afirma que el derrame se mantiene activo.
La discrepancia se extiende a la evaluación visual del fenómeno. La Marina indicó que, tras realizar patrullajes aéreos, no detectó manchas de hidrocarburo en la superficie marítima. En contraste, las denuncias de la sociedad civil y reportes periodísticos vinculan el evento con la industria petrolera en la zona, aunque las autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han descartado que Pemex sea el origen del derrame. Hasta el momento, no se ha identificado concretamente a la empresa o embarcación responsable.
El impacto recae directamente sobre comunidades indígenas y pescadores de municipios como Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Alvarado. Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, y Esteban Hernández Hernández, representante de Arrecifes de Mecayapan, han expresado su preocupación por los daños económicos y la falta de información clara sobre el volumen total de hidrocarburo derramado, dato que aún no figura en los informes unificados de las dependencias como la Semarnat, la Profepa y la ASEA.
La Fiscalía General de la República (FGR) participa en la investigación para determinar las responsabilidades legales, mientras se esperan resultados de los análisis de laboratorio sobre el material recolectado. El evento afecta el Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida que abarca más de 1.1 millones de hectáreas entre Veracruz, Tabasco y Campeche. Las autoridades han asegurado que la situación no comprometerá el periodo vacacional de Semana Santa, aunque la evaluación oficial del impacto ambiental en los arrecifes sigue pendiente.
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