Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. La modificación al artículo 127 de la Constitución limita las jubilaciones a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
Previamente, la Cámara de Diputados había dado luz verde a la iniciativa con 458 votos a favor, sin registros en contra ni abstenciones. La medida fue impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de las políticas de austeridad republicana, buscando eliminar lo que el oficialismo califica como privilegios excesivos en la administración pública.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, anunció que su fracción votaría a favor de la reforma, aunque expresó inconformidad por omisiones en el texto y advirtió sobre el riesgo de que la medida se aplique con retroactividad. Esta postura generó contrastes con los legisladores de Morena, quienes defienden la iniciativa como una corrección necesaria a desigualdades históricas.
La aprobación legislativa ha detonado protestas de grupos de jubilados y pensionados. En Baja California, lideresas como Victoria Bentley, de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, han manifestado su rechazo temiendo afectaciones a derechos adquiridos. Asimismo, se registraron movilizaciones en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México.
El diputado morenista Pedro Haces Barba sostuvo la posición del oficialismo durante el debate, argumentando la necesidad de poner orden en los sistemas de pensiones de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos. Sin embargo, persiste la incertidumbre entre los afectados sobre los detalles de implementación y si existirán excepciones más allá de las Fuerzas Armadas y los sistemas complementarios.
Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma avanza en el proceso legislativo para su eventual promulgación, en medio de un escenario político marcado por la tensión entre el gobierno federal y sectores de trabajadores retirados que exigen claridad sobre la aplicación temporal de la nueva norma constitucional.
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