Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en la garantía del derecho a una vivienda adecuada. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta cuestionamientos tras revelar que en 2025 destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para eventos, mientras cancelaba donativos para becas de la UNAM y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por falta de presupuesto.
La aprobación de la iniciativa en el Congreso de la Unión contó con el respaldo de una mayoría significativa, aunque se registraron 95 votos en contra. Durante el proceso, se discutieron modificaciones en lo particular que fueron rechazadas antes de dar paso a la versión final de la norma. La reforma busca fortalecer el marco jurídico para el acceso a viviendas, en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que limita sus posibilidades de crédito hipotecario tradicional.
En el ámbito judicial, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, ha señalado que aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México, a pesar de los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género. Datos del Poder Judicial indican que en Quintana Roo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, reflejando avances parciales en la paridad. Sin embargo, la gestión de recursos del tribunal ha generado controversia por la disparidad en la asignación de fondos.
Registros financieros muestran que la SCJN donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia durante 2024, con un total acumulado de 32.5 millones en años recientes. No obstante, en 2025 la corte autorizó 1.5 millones de pesos para eventos del Sindicato del Poder Judicial, mientras suspendía el apoyo a programas de becas académicas. Entre 2021 y 2024, el tribunal destinó 10.2 millones de pesos a actividades sindicales, lo que contrasta con la reducción de fondos para formación jurídica y científica.
En materia de desarrollo urbano, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas, impulsado por autoridades federales y locales. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de gobiernos estatales y alcaldías, como la de La Magdalena Contreras, encabezada por Fernando Mercado Guaida, para atender el déficit habitacional. La diputada Diana Sánchez Barrios y otros actores legislativos han participado en la promoción de estas medidas, aunque persisten debates sobre la eficacia de los mecanismos de financiamiento.
La agenda legislativa y judicial también incluye tensiones ideológicas, como el debate sobre el Día del Niño por Nacer, donde la Iglesia católica mexicana y el Congreso de la Ciudad de México han expresado posturas divergentes. Mientras se avanzan reformas en vivienda y ciencia, la distribución de recursos públicos sigue siendo un punto de fricción entre los poderes del Estado y las organizaciones sociales.
El panorama para los próximos meses incluye la validación de leyes en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, propuestas que buscan consolidar el sistema nacional de investigación. La coordinación entre la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, y el TEPJF, con la magistrada Mónica Soto Fregoso, será clave para implementar políticas que traduzcan las reformas legales en cambios tangibles para la población.
About The Author
