Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el territorio nacional y acabar con la impunidad en estos casos.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la nueva legislación permitirá que todas las fiscalías del país cuenten con un marco jurídico uniforme para desarrollar políticas de prevención y garantizar que las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo la hipótesis inicial de feminicidio, evitando su clasificación errónea como suicidios u otros delitos.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito, incluye la sanción de la tentativa y contempla 21 agravantes específicos para configurar el crimen.
El anuncio se produce en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los estados con mayor concentración de estos casos son Sinaloa, con ocho; seguido de la Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas, con cuatro registros cada uno.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró haber conversado previamente con la Presidenta sobre esta intención y confirmó que la bancada de su partido respaldará sin duda la aprobación de la ley en el Congreso.
La búsqueda de esta reforma legislativa ocurre mientras la sociedad mantiene la atención en casos recientes que han generado alarma, como la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán en el estado de Morelos. La administración federal busca con esta ley reglamentaria avanzada establecer obligaciones claras de investigación con perspectiva de género para todas las autoridades procuradoras de justicia.
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