Por Redacción:
Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quedó bajo reflectores en Estados Unidos tras la publicación de una columna de opinión en El Financiero que afirma que el gobierno de Donald Trump tiene concluida una investigación sobre “presuntos negocios criminales” del legislador y su red de colaboradores. De acuerdo con el autor, Raymundo Riva Palacio, la presidenta Claudia Sheinbaum habría sido informada de ese expediente; la pieza sostiene que Washington considera al senador un “objetivo” y que la presión podría escalar a procesos judiciales si México no actúa. Hasta el cierre de esta edición no existe un comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ) ni de la Casa Blanca que confirme una causa penal abierta contra López; los señalamientos provienen de la columna y han sido retomados por medios nacionales.
El contexto inmediato que alimenta el escrutinio es judicial y verificable: el DOJ desclasificó el 11 de agosto una acusación federal en el Distrito Sur de Texas contra dos empresarios mexicanos, Ramón Rovirosa y Mario Ávila, por sobornar a funcionarios de Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2021 para obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares. La imputación, sustentada en la FCPA (ley anticorrupción de EE. UU.), describe pagos en efectivo y obsequios de lujo; Rovirosa ya fue presentado ante un juez y Ávila permanece prófugo, según las notas de agencias y el propio DOJ. Este caso no menciona a Adán Augusto López, pero detonó nuevas preguntas en México por los años y dependencias involucrados.
A partir de esa acusación, algunas coberturas en México hilvanaron posibles conexiones empresariales en Tabasco y Dos Bocas, citando a reporteros como Gildo Garza y a fuentes secundarias que mencionan a Kim Rent Card y RM Asset Advisor como firmas relacionadas con los dos acusados en Texas. Esas referencias están en prensa y no forman parte del expediente público del DOJ; por lo tanto, se presentan como señalamientos periodísticos en evolución, no como hechos acreditados por autoridades estadounidenses.
El propio López ha defendido su postura en el Congreso ante el clima de acusaciones. La semana pasada, durante una sesión de la Comisión Permanente, afirmó que no necesita fuero ni teme comparecer ante autoridades si fuese requerido, en medio de los reclamos de la oposición para que se separe del cargo. Ese día, volvió a marcar distancia respecto de las versiones que lo vinculan con delitos y las atribuyó a una embestida política.
Paralelamente, el entorno del senador enfrenta turbulencias por el caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, sobre quien existe una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025 por su presunta jefatura del grupo criminal “La Barredora”. En semanas recientes, el Gobierno federal informó la captura de “objetivos prioritarios” de esa organización en Tabasco y Jalisco, mientras Bermúdez sigue prófugo con ficha roja de Interpol, según lo han documentado medios nacionales. Estos procesos no implican por sí mismos cargos contra López, pero sí elevan el costo político y el interés público sobre su entorno.
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