Washington D.C., 02 de abril de 2026.- A un año del anuncio de aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% realizado por Donald Trump el 2 de abril de 2025, el crecimiento económico de Estados Unidos se debilitó y el déficit comercial no se redujo, mientras surgieron nuevas tensiones con México respecto al sector energético.
El presidente Trump justificó su giro comercial afirmando: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. En ese momento, Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector automotriz, apoyó las medidas desde la rosaleda de la Casa Blanca diciendo: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y agregó: “Le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
Sin embargo, un año después, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos. Aunque Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, estos no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. La economía estadounidense registró un crecimiento del 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024.
En el ámbito internacional, Estados Unidos compra menos productos a China, pero Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. Por otro lado, la Unión Europea ha firmado el acuerdo comercial con el Mercosur, que llevaba décadas atascado.
Simultáneamente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de firmas estadounidenses.
Según el reporte de la USTR: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
Estos cambios normativos imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años, medidas que no se aplican a Pemex. Esta situación marca un contraste con 2014, cuando bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto se abrió el sector a la inversión privada, antes de que en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la política energética diera un giro de 180 grados para centrarse en las actividades estatales.
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