Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año exacto de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo sucesor Transparencia para el Pueblo ha resuelto 5,921 recursos de revisión desde marzo de 2025, lo que representa una caída superior al 88% comparado con las 53,233 resoluciones que emitió el INAI durante 2024.
El INAI fue extinguido el 20 de marzo de 2025 mediante reformas a la Ley Federal de Transparencia, y su sucesor comenzó a operar en junio de 2025. Durante enero a marzo de 2025, el extinto organismo resolvió más de 8,000 recursos de revisión, mientras que en 2024 recibió 1 millón de solicitudes de información.
Julieta del Río, excomisionada del INAI, declaró que no hay manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos sobre su desempeño. Esta afirmación surge en un contexto donde el nuevo organismo no ha publicado cifras completas sobre las solicitudes de información que ha recibido desde su creación.
En otro frente de transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) intentó reservar información sobre un contrato de videovigilancia por cinco años, argumentando que se trataba de seguridad nacional y ponía en riesgo a su personal. El contrato INE/050/2025 incluye más de 300 cámaras para 8 edificios y 32 juntas locales.
El Órgano Interno de Control (OIC) determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, revocando así la reserva de información establecida por el INE. El instituto electoral justificó la compra indicando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y su funcionamiento no era adecuado para las condiciones actuales de violencia contra el órgano electoral.
El medio de comunicación La Silla Rota solicitó la transparencia del contrato INE/050/2025 mediante un recurso de revisión, lo que derivó en la intervención del OIC para determinar qué parte del contrato debe ser publicada. Esta controversia ilustra las tensiones entre los órganos electorales y los mecanismos de transparencia en el nuevo esquema de rendición de cuentas.
La reducción drástica en la capacidad de resolución de recursos de revisión plantea interrogantes sobre la efectividad del nuevo sistema de transparencia implementado tras la extinción del INAI, mientras organizaciones y medios de comunicación continúan exigiendo acceso a información pública que ahora depende de mecanismos diferentes a los establecidos anteriormente.
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