Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado. El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con sesgos y omisión, ignorando observaciones, análisis y actualizaciones sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. Además, criticó que no se haya considerado información entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
Según la postura del gobierno, el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. Las autoridades reclamaron que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se limita a cuatro entidades. El gobierno citó que “el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Por su parte, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional. Aunque el CED tomó nota de la postura del Gobierno de México de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, el comité indicó que en algunos casos recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El reporte del CED incluyó ejemplos documentados, señalando que “hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”. Asimismo, el Comité documentó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados.
El procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual. Datos del informe indican que México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el estado de Chiapas.
Ante este escenario, la organización civil Idheas señaló que las fallas son estructurales. En un comunicado, la organización afirmó: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
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