Matamoros, 02 de abril de 2026.- La familia de Thalía exigió justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE al cumplirse mil días de la explosión por fuga de gas que dejó graves secuelas a la joven. El siniestro ocurrió la mañana del 29 de junio de 2023, cuando Thalía entró a un departamento que apenas iba a habitar.
La explosión fue provocada por la acumulación de gas natural debido a una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño. Como resultado, Thalía sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y presenta secuelas irreparables en su salud, habiendo pasado por más de 20 cirugías. La familia enfrenta actualmente deudas de casi 2 millones de dólares.
Peritajes realizados señalan a la empresa ENGIE como responsable del siniestro. Desde el día del evento, personal de investigación acompañado por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de ENGIE inspeccionó el inmueble, donde mediciones con aparatos especializados detectaron gas natural en el registro del drenaje con niveles de explosividad altamente peligrosos. Aunque los directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento y se les solicitó revisar la fuga y asistir a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar la solicitud y negó lo ocurrido.
En diciembre de 2024, un peritaje descubrió tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje, concluyendo que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. A pesar de esto, la familia denuncia que no existe reparación del daño ni sanciones contra la empresa. En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima y sus representantes: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como “gaslighting corporativo”, negando argumentos pese a las evidencias y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, aunque la familia señala retrasos burocráticos que han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por otro lado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene en sus oficinas denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
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