Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha incrementado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Al poner bajo control militar estos espacios en Arizona, California y Texas, se otorga a las tropas autoridad para detener a personas, quienes son acusadas de violar leyes federales, incluyendo una normativa de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, aproximadamente 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares. Sin embargo, alrededor del 60% de estos cargos son retirados. Los casos suelen caerse cuando los jueces determinan que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no sabían que se encontraban en una, situación común dado que los detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés, y los letreros de advertencia son difíciles de identificar.
Las ‘áreas de defensa nacional’ no están cercadas y su única indicación son postes con signos de advertencia poco visibles. En un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre cuáles son los límites de la zona militar. Cuando se solicitó indicar la ubicación exacta de un ‘área de defensa nacional’, tanto los soldados en el lugar como el propio Departamento de Guerra evitaron responder.
Mientras los fiscales argumentan que ingresar ilegalmente es suficiente para probar la intención criminal de los cargos por entrar a las zonas militares, el Departamento de Justicia ha afirmado que estas acusaciones han frenado los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles. Paralelamente, Estados Unidos inició la construcción de un segundo muro fronterizo en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California.
En el ámbito judicial, una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One. La resolución responde a la cancelación de permisos migratorios que afectó a más de 900 mil personas, obligando a reconocer que estos solicitantes de asilo actuaron conforme a un mecanismo institucional vigente al momento de su ingreso y no incurrieron en irregularidades.
Por otro lado, José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, falleció en condiciones extrañas mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California. Con este caso, suman 14 mexicanos muertos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, han muerto 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de las cuales tres de cada diez son mexicanos.
Ante este escenario, el gobierno de México anunció que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) por las condiciones de detención de migrantes en custodia. La participación del país se realizará bajo la figura de amicus curiae (‘amigo de la corte’). Desde 2003, cuando fue creado el ICE, han muerto 63 mexicanos por detenciones del organismo o bajo su custodia.