Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana sus facetas más crudas con el hallazgo de restos óseos calcinados y evidencias de posibles crematorios clandestinos en Tequila, Jalisco, sumado al descubrimiento de huesos humanos en Hermosillo, Sonora, por parte de familiares buscadores. Paralelamente, organizaciones de derechos humanos denunciaron allanamientos en sus sedes y la inacción de autoridades ante la violencia que enfrentan los colectivos que intentan localizar a sus seres queridos.
En el cerro del Totole, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco, integrantes del colectivo Buscando Corazones denunciaron la presencia de restos óseos calcinados, objetos personales y lo que describieron como indicios de disolución de cuerpos con ácido. Ivonne Gutiérrez, coordinadora del grupo, señaló que las autoridades no han mantenido el resguardo del sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas y la seguridad de los buscadores. Este hallazgo se suma a la gravedad de la situación en la entidad, que registra miles de casos sin resolver.
Mientras tanto, en el norte del país, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró mediante redes sociales haber localizado restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque ha confirmado el hallazgo físico, se desconoce aún la identidad oficial del fallecido y los resultados de las pruebas de ADN correspondientes, en un contexto donde las familias deben asumir la búsqueda ante la falta de respuestas institucionales.
La vulnerabilidad de quienes ejercen la defensa de derechos humanos quedó evidenciada con el segundo allanamiento y robo reportado el 22 de marzo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas. La organización denunció un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que buscan intimidar a quienes documentan la crisis de desapariciones y migración en la frontera sur.
En medio de estas tragedias, surgieron contrastes en las respuestas gubernamentales. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares”, minimizando la percepción de crisis en la entidad. Por otro lado, en San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido en Matehuala fueron localizados con vida; un trabajador anónimo reveló que fueron interceptados por un grupo criminal con la intención de reclutarlos forzadamente y permanecieron retenidos más de dos días.
La impunidad y la falta de apoyo a las víctimas también fueron denunciadas por Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón. El activista informó que mantienen pláticas con el ayuntamiento para lograr pensiones para los familiares de los agentes desaparecidos, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las familias en un limbo administrativo y económico.
Estos eventos reflejan una realidad fragmentada donde la búsqueda independiente se convierte en la única opción para muchas familias, mientras enfrentan no solo la violencia del crimen organizado, sino también la omisión, negligencia o hostigamiento por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia en México.
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