septiembre 16, 2026
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Por Redacción

León, 03 de septiembre de 2026.- El parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó una enmienda constitucional en la noche del 1 de septiembre que extiende su mandato por un año más, de seis a siete años. Como resultado, se eliminó la elección programada para noviembre de 2026 y se pospusieron las próximas elecciones hasta 2028.

La enmienda fue aprobada en una sesión celebrada en León, en el oeste de Nicaragua, al pie de la imponente catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, invocó repetidamente al poeta Rubén Darío para justificar las reformas. La medida incluye el traslado de la toma de posesión del 10 de enero, fecha vinculada al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, al 18 de enero, en homenaje al escritor.

Al ser una enmienda constitucional, requiere ratificación en dos sesiones legislativas; la segunda está programada para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo. La reforma incorpora a la Constitución la exclusión de la oposición, prohibiendo el acceso a cargos públicos, candidaturas de partidos o liderazgo de partidos a cualquier persona que el régimen copresidencial considere ‘vinculada a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía’, así como a aquellos etiquetados como ‘traidores a la patria’.

El texto aprobado establece que: “The terms of authorities elected by popular vote in the most recent General, Municipal and Regional Elections in force are extended to seven years”. Además, la enmienda extiende a siete años los mandatos de los cargos elegidos popularmente y de los jefes del ejército y la policía, y otorga al Consejo Supremo Electoral mayores poderes para cancelar partidos y sancionar candidatos o líderes por presuntas violaciones de la soberanía.

Esta acción se produce después de 45 días de incertidumbre desencadenada por la propuesta de Ortega del 19 de julio de abolir permanentemente las elecciones. La reforma representa un retroceso respecto a la amenaza del 19 de julio de desmantelar definitivamente el sistema electoral, aunque mantiene la perpetuación en el poder. La medida repite una acción ejecutada en 2025 para perpetuar su gobierno, cuando los diputados aprobaron una enmienda previa para establecer la ‘copresidencia’ y extender el mandato presidencial de cinco a seis años.

Juan Diego Barberena, abogado opositor en el exilio, declaró sobre la aprobación: “It prevents the people of Nicaragua from being able to choose freely, because they will only be able to choose among the dictatorship’s options — the options the group in power deems eligible to participate in an election”.

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