Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informarles sobre avances en las indagatorias. En el encuentro, al que también asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria destacó que se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y que “hoy están detenidas”.
Según lo informado por los asistentes al encuentro, los nuevos elementos en las investigaciones se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores utilizaron durante y después de los crímenes, realizando llamadas asociadas a la desaparición forzada. La presidenta señaló que no se ha descartado ninguna línea de investigación y mencionó que hasta el momento hay 17 militares presuntamente implicados que se encuentran detenidos.
A pesar de reconocer los avances, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, subrayó que esto aún es insuficiente para conocer el paradero de los estudiantes. Durante la reunión, los padres y sus representantes legales insistieron en varias demandas, entre ellas que el Ejército entregue los ‘folios’ de información que posee y que son considerados clave para dar con el paradero de sus hijos, así como que se finquen responsabilidades contra Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero detenido desde principios de este mes.
Respecto a la solicitud de que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones, Vicario indicó que hubo un compromiso de la Presidenta. El representante legal precisó que Sheinbaum Pardo “encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo. Este militar, procesado por su presunta participación en los hechos, enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024.
El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había solicitado a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, en su calidad de víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver la suspensión en el amparo promovido por el militar, petición que fue desestimada por el máximo tribunal.
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