Por Redacción
Ciudad De México, 13 de agosto de 2026.- El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Javier May Rodríguez. La denuncia fue tramitada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde el exfuncionario permanece bajo prisión preventiva.
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga tuvo acceso a la queja de once páginas y a una carta manuscrita de Bermúdez Requena. En el documento, se señala que el gobernador ha actuado como un “juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”. La queja se centra en tres momentos específicos en los que May se refirió públicamente al caso del exsecretario.
El primer episodio ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando el gobernador fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora. May respondió afirmando que “Todos saben” quién lo encabezaba. El segundo hecho se registró el 22 de septiembre de 2025, fecha en que el mandatario estatal declaró que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”.
El tercer momento citado en la denuncia data del 31 de marzo de 2026, cuando Javier May indicó que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos. Según el escrito, estos pronunciamientos generaron ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia judicial.
Bermúdez Requena solicita a la CNDH que examine dichas declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, específicamente en su dimensión como regla de trato extraprocesal. La petición incluye que la comisión revise las pruebas aportadas, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de las autoridades.
En el escrito, el exfuncionario pide que la queja sea admitida e investigada. De determinar que existió una violación a sus derechos humanos, solicita que el organismo emita la recomendación correspondiente, exija una disculpa pública institucional y ordene que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.
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